El precio al que se anuncian los pisos en España ha subido casi cuatro veces más que los salarios desde
2016, complicando el acceso a una vivienda asequible. La ley estatal de vivienda sitúa las “condiciones asequibles” de la vivienda en el 30% de los ingresos del hogar.
Es decir, no destinar más de ese porcentaje a todo lo que supone la casa. Un cálculo aproximado (la norma
habla de ingresos netos y contempla no solo el pago de la renta o hipoteca, sino de suministros básicos como
agua o internet) apunta a 2016 como un momento clave en la encrucijada de la vivienda. En torno a ese año,
un piso mediano (80 metros cuadrados) comenzó a superar, según los precios de oferta de los portales, el 30%
de un salario medio bruto. El año pasado se superó el 40%.
Pero ese camino hacia la inasequibilidad de los alquileres no ha sido lineal. En la serie se ven leves altibajos,
que la economista Paloma Taltavull atribuye a ligeras mejoras por la subida del salario mínimo profesional.
Porque lo que esta catedrática tiene claro es que “el problema de accesibilidad a la vivienda no es solo un
problema de altos alquileres, sino de bajos sueldos”.
Y toda la demanda no satisfecha en la compra, alimentada por la continua creación de nuevos hogares —con
el chorro extra que ha supuesto en los últimos años la llegada de cientos de miles de personas del exterior para
atender las necesidades del mercado laboral en una economía que crece muy por encima de sus semejantes—
ha complicado más las cosas desde el punto de vista inmobiliario.
“El cóctel está servido, y resulta en una aceleración brutal de los precios”, resume Taltavull. La subida general
que se observa en los datos de Fotocasa, del 92%, palidece al poner la lupa en algunas zonas. Entre las diez
ciudades más pobladas de España, tres de ellas (Valencia, Alicante y Murcia) han visto duplicarse los precios
de alquiler desde 2016. Málaga queda cerca de esa marca (un 96% más) y en todas salvo Barcelona los
importes, como mínimo, han multiplicado por dos el incremento salarial medio. En la capital catalana, la única
de las diez urbes donde se aplican controles de precios, el incremento es menos abultado, pero partía de niveles
muy altos y sigue siendo la más cara.
Que los alquileres discurran por un camino tan distinto al de los sueldos o el propio coste de la vida (el IPC
general ha subido un 26,4% desde 2016) tiene consecuencias a la hora de buscar piso. “Detectamos una
brecha cada vez más profunda entre las expectativas de los inquilinos y la realidad que ofrece el mercado”,
aseguran desde Fotocasa. Los sondeos de mercado que realiza ese portal apuntan que un 46% de quienes
viven de alquiler lo hacen por obligación, porque no pueden comprar. 'EL PAIS'