España se alza ya por tercer año consecutivo como uno de los países desarrollados que más grava la
propiedad privada dentro del conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Solamente le supera Italia en presión fiscal. Es un estudio de Tax Foundation.

Esto se debe a que las reformas tributarias de la última legislatura hicieron que nuestro país pasase de
ocupar el puesto 33 (2020) en el ranking de impuestos a la propiedad del Índice de Competitividad Fiscal
Internacional a ostentar el número 37 (2022) y así se mantuvo durante el año pasado, lo que implica un
retroceso de cuatro puestos en solo dos años.

Los expertos analizan, miden y comparan la base imponible y el conjunto de impuestos que están vigentes
dentro de la ley fiscal española que atañen a la actividad inmobiliaria. Al mismo tiempo, realizan una
investigación sobre otro tipo de gravámenes indirectos, como el impuesto sobre el patrimonio.

Son varios los componentes que relegan a España a la penúltima posición. Entre la lista de gravámenes a la
vivienda destaca la influencia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio;
a los que se suman los impuestos de transferencias de propiedad, gravámenes sobre activos corporativos,
los derechos de capital o los impuestos de transacciones financieras en la adquisición. EL ECONOMISTA